Ganemos-IU pide conocer el coste para los usuarios de la ayuda a domicilio del Consorcio de Servicios Sociales

Una persona mayor con un andador.

El Grupo Provincial Ganemos-Izquierda Unida considera que el Consorcio de Servicios Sociales (CSS) de la Diputación de Albacete debe hacer visible elcopago de los usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), ya que ni en el presupuesto ni en la memoria consta lo que pagan las usuarias y usuarios que aportan una cantidad variable según el municipio en el que residan y su situación económica

La intención de Ganemos-Izquierda Unida es que la ciudadanía sea consciente de que la ayuda domiciliaria que presta el CSS, cuya financiación corre a cargo, en parte, de la Junta de Comunidades, la Diputación y los ayuntamientos, también la pagan los usuarios que aportan entre un 20% y un 30% del coste del servicio

La diputada provincial portavoz de Ganemos-Izquierda Unida, Victoria Delicado, ha explicado que “no pedimos la gratuidad del servicio”, pero sí “más transparencia” de las administraciones en el coste que tiene el servicio para el usuario final.

“Respetamos la autonomía municipal para elaborar ordenanzas, y más que una homogeneidad en los pagos de los usuarios de los distintos municipios lo que queremos es conocer las aportaciones, porque ahora mismo no lo sabemos, y que la información conste, al menos, en la memoria del CSS”, ha añadido Delicado.

Ganemos-Izquierda Unida está comprometida con el medio rural y el CSS ayuda a vertebrar el esfuerzo de los ayuntamientos por atender a las vecinas y vecinos más necesitados de apoyo. Las trabajadoras y trabajadores del CSS dan servicio a unos 2.320 usuarios y usuarias de los 84 municipios de la provincia, de los que un 95% son personas mayores y el 5% restante familias desestructuradas o personas con discapacidad.

El presupuesto total del CSS es de unos 9,5 millones de euros, de los que 7,5 millones corresponden al SAD con el desglose siguiente (según la memoria del CSS de 2017): Ayuntamientos (2,3 millones), Diputación (1,2 millones) y Junta de Comunidades (3,9 millones).

La financiación de las personas usuarias está incluida en la cantidad que transfieren los ayuntamientos, por ser éstos quienes recaudan el precio público estipulado mediante ordenanzas municipales que suelen contemplar costes mínimos (20 euros al mes), exenciones y progresividad según la renta familiar disponible.

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